Ser el director financiero (CFO) de una empresa nunca ha sido tarea fácil. Llevar el control presupuestario, supervisar los pagos y cobros que han de hacerse a proveedores y clientes (teniendo en muchas ocasiones que revisar su cuantía y plazos de entrega), vigilar los costes y las compras, escoger formas de financiación o decidir dónde podemos invertir el dinero disponible y en qué cantidad son decisiones capitales, que han de tomarse con frecuencia y teniendo en consideración muchos factores.
Aun siendo no poco lo exigido a los CFOs, la progresiva digitalización de muchos sectores (incluido el financiero), la irrupción en ellos de actores nativos que introducen nuevas prácticas en el mercado y la modificación de los entornos regulatorios, está obligando a renovar procesos, prácticas y tareas, para asumir nuevos retos. Durante los últimos años, han visto acelerarse el ritmo al que han de tomarse las decisiones y cómo sus efectos se multiplican, tanto a corto como a largo plazo, afectando también a diversas escalas casi de forma simultánea..
En este contexto en el que la conectividad es tan alta que la inmediatez ha pasado a ser la norma, disponer de herramientas tecnológicas que agilicen los procesos de análisis de la información para respaldar las decisiones financieras es, más que una moda, una auténtica necesidad.
Contexto regulatorio y sectorial
En nuestro país, al igual que en el resto de Europa, concurren varios factores que hacen imprescindible para los CFOs asumir cambios y adaptarse a las nuevas pautas de trabajo que marcan las tecnologías.En primer lugar, deben tener en consideración la influencia directa en su actividad de regulaciones como el acuerdo Basilea III, la directiva de servicios de pago PSD2 o la ley de protección de datos.
Con el primero se han establecido diversas medidas de protección global buscando mejorar la estabilidad financiera. Al entender que el sistema funciona como un “todo”, cuyo equilibrio ha de preservarse, se exige a las entidades de grandes dimensiones disponer de mayor liquidez y de inversiones de más “calidad” para evitar caídas estrepitosas.
Para hacer efectivo el cumplimiento de estas exigencias, cada país ha establecido por ley varios métodos fiscalizadores de la actividad financiera, lo que exige a los bancos mantener un estricto control de los datos sobre sus operaciones. Una responsabilidad que recae en gran parte sobre los hombros de los CFOs, que habrán de facilitar a las autoridades encargadas de hacer efectiva esa supervisión el acceso a sus datos, cuando lo consideren oportuno.
Y no hablamos de cualquier tipo de dato. Con el fin de evitar riesgos sistémicos, la información debe ser transparente, esto es, fiable al 100% una vez hecha pública. Lógicamente, esto conlleva que los CFOs consideren la información como un activo intangible de gran importancia, clave no sólo para la buena marcha del negocio sino incluso para su supervivencia. Asumir dicho cambio y hacerlo efectivo en las operaciones diarias, supone implementar la tecnología y los métodos adecuados para asumir el reto de gobernar cada dato durante todo su ciclo de vida dentro de la entidad.
Esta gobernanza requiere disponer de información de calidad y contrastada en todo momento, que dé cuenta del estado de las operaciones que se realizan y permita averiguar de dónde procede cada dato y cuál es su destino final. El objetivo a conseguir es doble: anticipar cualquier tipo de contratiempo que afecte a los clientes y garantizar el cumplimiento regulatorio para evitar sanciones sabiendo, además, adaptarse a la evolución de la situación económica.
En lo que se refiere a los sistemas de pago, el cambio regulatorio más significativo se ha producido a raíz de la aprobación, mediante Real Decreto en nuestro país, de las condiciones de armonización de los pagos electrónicos que establece la directiva PSD2.
Entre otras medidas, prohíbe que se hagan recargos a los usuarios por emplear medios de pago electrónico; endurece las medidas de seguridad que se aplican a este tipo de pagos electrónicos -exigiendo una “autenticación reforzada del cliente” cada vez que acceda a su cuenta e introduce- y esto es quizá lo más rupturista, el concepto de “open banking”.
En virtud de él los bancos se han visto en la obligación de “abrir el mercado” y conceder a terceros el acceso a las cuentas de sus clientes para que puedan facilitar servicios de pago en comercios electrónicos sin tarjeta, o el diseño de apps que permiten disponer de toda la información de cuentas, tarjetas y seguros en una única plataforma de fácil acceso.
